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Fernández Castiñeiras no recuerda haber confesado el robo del Códice Calixtino

El acusado ha referido al juez que "no declaré libre. Me sentí maltratado". El tribunal ha anulado las pruebas de los micrófonos instalados en su casa y, según el acusado, los 1,7 millones de euros hallados procedían de su trabajo


El acusado a la salida del juzgado de Santiago
Versovia.com / 20·01·2015

José Manuel Fernández Castiñeiras, acusado de robar el Códice Calixtino, ha roto su silencio este martes en la segunda sesión del juicio oral y ha comentado que no recuerda haber confesado ante el instructor José Antonio Vázquez Taín que él fuese el autor de la sustracción de esta joya literaria.

El manuscrito del medievo desapareció en julio de 2011 y se halló un año después en un garaje propiedad de este operario que trabajó como autónomo para la Catedral de Santiago y que en ese momento se identificó como el responsable del saqueo ante el juez, algo que este martes no ha corroborado porque no tiene en su mente nada de lo que ocurrió entonces.

El electricista ha relatado que se sintió presionado por el juez instructor José Antonio Vázquez Taín y ha comentado que no recuerda su confesión, pero sí que fue amenazado con que si no hablaba su mujer y su hijo entrarían en prisión. "No declaré libre. Me sentí maltratado. El juez se burló de mí", ha dicho a preguntas de su abogada, Carmen Ventoso Blanco, y esto ha llevado a que se le muestre la grabación del día en el que él mismo se delató.

Cabizbajo, el electricista Castiñeiras ha asistido, con la vista fija en el suelo, al proyectado de la grabación que muestra cómo en 2012 confesó al juez instructor José Antonio Vázquez Taín que él había robado el Códice Calixtino, una joya literaria que, según ha dicho este martes, jamás ha visto.

No obstante, en ese interrogatorio inicial indicó al magistrado que se había llevado el valioso manuscrito para que "no se estropease" y que el mecanismo para hacerse con él le resultó muy sencillo, porque "vi la puerta abierta, aproveché la ocasión y lo cogí" del lugar de la Catedral en el que estaba custodiado.

Vázquez Taín le hace ver que él, aún siendo juez y considerando que está bien pagado, no puede mantener cuatro casas, ni levantándose como Fernández Castiñeiras a las siete de la mañana, así como tampoco podría justificar poseer casi dos millones de euros. Fernández Castiñeiras le dijo en ese momento que trabajó mucho durante años, prestando sus servicios para el templo gallego, y que es "tan humilde" con dinero como sin él.

En el momento de su arresto, este electricista llevaba ocho mil euros encima, y este martes ha señalado que los 1,7 millones de euros en metálico localizados en sus propiedades cuando fue arrestado por el robo del Códice Calixtino proceden de los ingresos que él obtenía por su trabajo.

Castiñeiras, que prestó durante años sus servicios a la Catedral de Santiago en calidad de autónomo, ha contado en la segunda sesión del juicio oral, en la que únicamente contestó durante siete minutos a las preguntas de su abogada, que en el templo le "pagaban en mano", siempre en efectivo, y el dinero lo llevaba a su domicilio. Ha indicado que a veces le daba parte a "gente necesitada".

Este operario, que no quiso contestar a las preguntas del Ministerio Público ni de la acusación particular, que ejerce la Iglesia, ha sido escueto incluso al responder a su letrada, Carmen Ventoso, porque ha dicho no encontrarse bien.

Aunque sucinto, en sus explicaciones ha manifestado que nunca vio el Códice Calixtino, un valioso manuscrito del siglo XII que un año después de su robo, cometido en 2011, apareció en un garaje del que Manuel Fernández Castiñeiras es dueño, envuelto en papel de periódico.

El presidente del tribunal que juzga el robo, Ángel Pantín, ha aceptado una petición de la defensa y declarado nulas las pruebas obtenidas mediante los micrófonos instalados en la casa de Fernández Castiñeiras.

El juez instructor José Antonio Vázquez Taín definió esta vía como "excepcional", en un auto que dictó el 28 de mayo de 2012, pero observó que era útil, adecuada, justificada y necesaria, toda vez que los pinchazos telefónicos habían resultado infructuosos, y con la confianza de que este operario, que trabajó en calidad de autónomo para la Catedral de Santiago, se relajase en el ámbito familiar.

Fue por ello que se autorizó la invasión del espacio privado para la colocación de estos dispositivos electrónicos, sólo para el efecto mencionado, y vetando la disposición de los mismos en dependencias especialmente sensibles.

Ángel Pantín ha remarcado acerca de esta medida muy poco común en la justicia española que todo el mundo "tiene derecho al respeto en su vida privada".

Todas las demás solicitudes planteadas por Carmen Ventoso, salvo esta, fueron desestimadas, entre ellas la de declarar nulo todo el proceso.

Únicamente acerca del interrogatorio de Vázquez Taín al hombre que hoy se sienta en el banquillo, con una entonación que su abogada tildó de "cuasi despectiva", Ángel Pantín ha entendido justificada la queja por el tono empleado, pero no ha considerado que esto constituya un motivo de nulidad.
Diez minutos después de las nueve de esta mañana, el electricista llegó a los juzgados compostelanos de Fontiñas acompañado por su mujer, Remedios Nieto, y precedidos por la abogada que se encarga de la defensa de esta familia, Carmen Ventoso.

El hijo de este matrimonio, Jesús Fernández Nieto, entró en el edificio judicial diez minutos más tarde, puesto que dedicó ese intervalo a aparcar el vehículo en el que se trasladaron.

El ladrón confeso del Códice, que estuvo interno en el penal de Teixeiro (A Coruña) desde julio de 2012 hasta enero de 2013, está acusado de dos delitos de robo con fuerza, uno de ellos continuado; de un delito contra la intimidad y de otro de blanqueo de capitales. El Ministerio Fiscal reclama para él 15 años, pero la Iglesia, que está personada como acusación particular, eleva a 31 la petición.

Para su mujer, Remedios Nieto, y su hijo, Jesús Fernández Nieto, el Ministerio Fiscal limita su petición de pena a un año y medio de prisión para cada uno de ellos por blanqueo de capitales y prevé una alternativa de seis meses por sendos delitos de receptación.

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